El Gobierno argentino ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Crédito Fiscal, una iniciativa clave para incentivar la capacitación laboral en empresas y cooperativas de todo el país. Con un cupo de $400 millones, las firmas podrán acceder a importantes beneficios fiscales a cambio de invertir en la formación profesional de sus trabajadores, tanto ocupados como desocupados.
Fortaleciendo la Competitividad y el Empleo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, oficializó la apertura del Programa Crédito Fiscal 2025. Esta herramienta, formalizada mediante la Resolución 437/2025, busca fortalecer las capacidades de los trabajadores y, a su vez, mejorar la competitividad de empresas y cooperativas.
El programa contempla la emisión de Bonos Fiscales transferibles que las empresas podrán utilizar para cancelar impuestos nacionales, según las disposiciones vigentes de la AFIP.
Beneficios Fiscales para MiPyMEs, Grandes Empresas y Cooperativas
El Programa Crédito Fiscal 2025 está dirigido a MiPyMEs, grandes empresas y cooperativas de trabajo. Estas entidades podrán presentar propuestas de formación profesional diseñadas para:
Mejorar la productividad de sus equipos.
Favorecer la inserción laboral de personas desocupadas.
Los montos máximos de los bonos fiscales varían según el tamaño de la entidad:
MiPyMEs y cooperativas: Podrán financiar hasta el 30% de la masa salarial anual, con un tope de $6 millones. Este monto puede ampliarse a $10 millones si incluyen formación para trabajadores desocupados.
Grandes empresas: Podrán financiar hasta el 0,8% de su masa salarial, también con un tope de $6 millones.
¿Quiénes Pueden Participar y Qué Modalidades se Aceptan?
Para acceder al programa, las empresas deben estar inscriptas en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE). También pueden asociarse con organismos adherentes como entidades de formación profesional, agrupamientos industriales o asociaciones sectoriales.
Quedan excluidas las firmas registradas en el REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) y aquellas cuya actividad principal sea la intermediación financiera o seguros, salvo excepciones específicas.
Las capacitaciones podrán dictarse en diversas modalidades: presencial, virtual sincrónica, semipresencial o autoasistida, con una carga horaria que oscile entre 8 y 120 horas. Se aceptarán tanto propuestas de formación cerrada (a medida de la empresa) como abiertas (de oferta general), pero no se admitirán cursos terciarios, de grado o posgrados.
El programa también permite incluir la adquisición de equipamiento para las instituciones formadoras, siempre que no supere el 50% del presupuesto del curso y el material permanezca afectado a la formación por al menos cinco años.
Criterios de Evaluación y Prioridades
La Dirección Nacional de Formación Laboral evaluará las propuestas basándose en criterios como la pertinencia, calidad curricular, impacto socioproductivo y la orientación hacia sectores estratégicos como el metalúrgico, autopartista, construcción y la economía del conocimiento, entre otros.
Se dará prioridad a proyectos que incluyan:
Formación para personas desocupadas.
Proyectos vinculados a reconversiones productivas.
Iniciativas que beneficien a empresas de la cadena de valor.
En caso de empate y agotamiento del cupo, se priorizarán las cooperativas y las micro y pequeñas empresas.
Las propuestas deben presentarse a través de la Plataforma Crédito Fiscal y formalizarse en la Plataforma TAD (Trámites a Distancia), adjuntando toda la documentación requerida. Las capacitaciones tendrán un plazo máximo de seis meses para su ejecución.
Una vez finalizadas las capacitaciones, las empresas deberán rendir cuentas de los gastos realizados para poder acceder al bono fiscal. La supervisión del programa estará a cargo de la Dirección Nacional de Formación Laboral y la Dirección de Seguimiento de Proyectos de Empleo y Formación.